A la opinión pública:Los miembros del Seminario Interdisciplinario de Bioética, expresamos nuestra profunda preocupación por la deriva que se viene observando en el actuar del actual Gobierno respecto del desarrollo e impulso a la producción científica y tecnológica y los académicos y Universidades de todo el país; en especial en relación con los 31 académicos que fueron miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC (FCCyT) establecido entonces en la ley como órgano consultivo del CONACYT a los que la Fiscalía General de la República pretende fincar responsabilidades penales como si se tratara de miembros de la delincuencia organizada por considerar de manera arbitraria que el FCCyT era una empresa privada y no una entidad consultiva establecida por ley.. Acción que no sólo resulta absurda sino contraria a la legalidad y a la más elemental ética pública.El Gobierno, como responsable de la administración pública, tiene la competencia para establecer mediante procesos democráticos las políticas públicas más adecuadas para fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país. La planeación y ejecución de las políticas de ciencia y tecnología no son procesos lineales, ni mecánicos, y no pueden desarrollarse al margen de los diferentes actores: académicos, del sector productivos y el gobierno mismo, lo cual se ha denominado la triple hélice, por lo que implican diálogos y la construcción de consensos, en una era dónde las actividades de investigación, desarrollo e innovación resultan vitales para e futuro del país; la construcción de las políticas públicas debe realizarse en el marco del respeto a la ética, a los derechos humanos y a los principios democráticos.El diálogo entre los diferentes actores es indispensable para el país, y es imprescindible en las áreas de la ciencia la técnica, la cultura y el arte. Frente a nosotros se abren múltiples caminos y posibilidades, la diversidad y la crítica nos enriquecen, la libertad es imprescindible para explorar creativamente posibles vías de solución de los retos del país abordar, el diálogo público, franco y abierto resulta hoy imprescindible. El Gobierno debe catalizar el diálogo, escuchar y ponderar las críticas, pero en un marco de ejercicio de la vida democrática y de ética,pero de ninguna manera puede perseguir a quienes disienten de su forma de actuar, menos aún con imputaciones que, incluso en el caso de que los académicos señalados hubieran incurrido en alguna irregularidad en el manejo de recursos públicos, resultan fuera de toda proporción y contrarias a la legalidad misma.Esta acción de la Fiscalía General de la República lastima de forma grave a los académicos de todo el país y en especial a la fama pública y prestigio personal de los señalados en la imputación, por lo que con toda contundencia exigimos como un mínimo de responsabilidad ética que se maneje el caso con total trasparencia hacia la opinión pública y se resarza en su prestigio personal a los afectados.Un Gobierno que se sustrae en su actuar a la ética pública y al espíritu democrático termina por perder el respeto de sus ciudadanos.
Seminario Interdisciplinario De Bioética,
